Teherán. Las autoridades judiciales iraníes ahorcaron esta madrugada a Reihané Yabarí, la joven de 26 años condenada a muerte por matar al hombre que según ella trató de violarla, confirmó a Efe su madre, la conocida actriz iraní Shole Pakravan.
“¡Han ahorcado a mi hija, han ahorcado a mi hija!”, se lamentó entre sollozos la mujer, que esperaba este trágico final desde principios de este mes, tras las reiteradas negativas a perdonarla de la familia de la víctima, el médico Morteza Abdolalí Sarvandí, que había trabajado para el Ministerio de Inteligencia.
A finales de septiembre, la joven, que llevaba siete años y medio en prisión y tenía 19 años en el momento de los hechos, en 2006, fue trasladada desde el centro penitenciario en el que cumplía condena a la cárcel de Rajaishahr, cerca de Teherán y donde se realizan ejecuciones.
Entonces se reactivaron las campañas y los llamamientos internacionales para evitar el ahorcamiento, que fue suspendido temporalmente.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, pidieron la cancelación de la sentencia al considerar que el juicio a Yabarí no contó con las garantías necesarias.
La Unión Europea también instó a las autoridades iraníes a revocar la decisión judicial y celebrar un nuevo proceso.
Más de 240.000 personas han firmado una carta impulsada por la plataforma Avaaz para pedir la suspensión de la ejecución al entender que la joven “actuó en defensa propia” y en la red social Facebook hay diversas campañas para apoyar su causa, con páginas tituladas “Yo soy Reihane Yabarí” y “Salvemos a Reihane Yabarí de la ejecución en Irán”.
El relator especial de la ONU para los derechos humanos en Irán, Ahmed Shaheed, también instó a parar la ejecución y celebrar un nuevo juicio, al entender que parte de la acusación a la joven se basó en una confesión que fue obtenida con torturas.
En este último mes, las autoridades iraníes han mediado sin éxito para conseguir el perdón por parte de la familia del fallecido, que se ha negado a ejercer el derecho a perdonar que le otorga la ley de guesas (ley islámica de “retribución” que exige el pago de sangre con sangre) que impera en Irán.
“Quiero que el derecho de la sangre de mi padre se cobre lo antes posible”, declaró a Efe hace dos semanas Yalal Sarvandí, hijo de la víctima.
Según la versión de la condenada, el médico la contrató para ayudarle a decorar su oficina y la llevó a un edificio donde trató de violarla, ante lo que ella se defendió con un pequeño cuchillo con el que le hirió en un hombro pero no le mató.
“¡Han ahorcado a mi hija, han ahorcado a mi hija!”, se lamentó entre sollozos la mujer, que esperaba este trágico final desde principios de este mes, tras las reiteradas negativas a perdonarla de la familia de la víctima, el médico Morteza Abdolalí Sarvandí, que había trabajado para el Ministerio de Inteligencia.
A finales de septiembre, la joven, que llevaba siete años y medio en prisión y tenía 19 años en el momento de los hechos, en 2006, fue trasladada desde el centro penitenciario en el que cumplía condena a la cárcel de Rajaishahr, cerca de Teherán y donde se realizan ejecuciones.
Entonces se reactivaron las campañas y los llamamientos internacionales para evitar el ahorcamiento, que fue suspendido temporalmente.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, pidieron la cancelación de la sentencia al considerar que el juicio a Yabarí no contó con las garantías necesarias.
La Unión Europea también instó a las autoridades iraníes a revocar la decisión judicial y celebrar un nuevo proceso.
Más de 240.000 personas han firmado una carta impulsada por la plataforma Avaaz para pedir la suspensión de la ejecución al entender que la joven “actuó en defensa propia” y en la red social Facebook hay diversas campañas para apoyar su causa, con páginas tituladas “Yo soy Reihane Yabarí” y “Salvemos a Reihane Yabarí de la ejecución en Irán”.
El relator especial de la ONU para los derechos humanos en Irán, Ahmed Shaheed, también instó a parar la ejecución y celebrar un nuevo juicio, al entender que parte de la acusación a la joven se basó en una confesión que fue obtenida con torturas.
En este último mes, las autoridades iraníes han mediado sin éxito para conseguir el perdón por parte de la familia del fallecido, que se ha negado a ejercer el derecho a perdonar que le otorga la ley de guesas (ley islámica de “retribución” que exige el pago de sangre con sangre) que impera en Irán.
“Quiero que el derecho de la sangre de mi padre se cobre lo antes posible”, declaró a Efe hace dos semanas Yalal Sarvandí, hijo de la víctima.
Según la versión de la condenada, el médico la contrató para ayudarle a decorar su oficina y la llevó a un edificio donde trató de violarla, ante lo que ella se defendió con un pequeño cuchillo con el que le hirió en un hombro pero no le mató.
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