Decenas de reos salieron el miércoles corriendo y gritando de alegría de la cárcel de Grants Pass, en la región maderera de Oregón, debido al despido de guardias de seguridad a causa del recorte presupuestario en esa zona.
En total, las autoridades dejaron en libertad a 39 reos, disminuyendo hasta 60 el número de reclusos del centro penitenciario.
"No tuvimos otra alternativa dadas las dificultades de financiamiento", dijo Don Fasching, el subcomisario del condado de Josephine, donde se encuentra la prisión. "Estamos muy preocupados por la seguridad pública", agregó.
En total, las autoridades dejaron en libertad a 39 reos, disminuyendo hasta 60 el número de reclusos del centro penitenciario.
"No tuvimos otra alternativa dadas las dificultades de financiamiento", dijo Don Fasching, el subcomisario del condado de Josephine, donde se encuentra la prisión. "Estamos muy preocupados por la seguridad pública", agregó.
Aproximadamente la mitad de los reos liberados terminarán sus sentencias en cuadrillas de trabajo, el resto se encontraba en espera de juicio por cargos como delitos por drogas, asaltos, robos y violaciones de la libertad condicional.
Aunque el alcaide de la prisión, Vicki Smith, aseguró que mantienen encarcelados "a lo peor de lo peor", es decir, a aquellos que enfrentan cargos por delitos con sentencias obligatorias, crece la preocupación entre los vecinos del condado.
La oficina del comisario se vio obligada a recortar el personal a niveles que no se veían desde 1991, después de que los votantes del condado rechazaran rotundamente un impuesto para cubrir un déficit presupuestario de 12 millones de dólares.
Desde entonces, las solicitudes de permisos para portar armas han aumentado considerablemente debido al temor de que los recortes en seguridad supongan un incremento de la delincuencia.
Aunque el alcaide de la prisión, Vicki Smith, aseguró que mantienen encarcelados "a lo peor de lo peor", es decir, a aquellos que enfrentan cargos por delitos con sentencias obligatorias, crece la preocupación entre los vecinos del condado.
La oficina del comisario se vio obligada a recortar el personal a niveles que no se veían desde 1991, después de que los votantes del condado rechazaran rotundamente un impuesto para cubrir un déficit presupuestario de 12 millones de dólares.
Desde entonces, las solicitudes de permisos para portar armas han aumentado considerablemente debido al temor de que los recortes en seguridad supongan un incremento de la delincuencia.